Generador de cotizaciones gratis (España)
Presupuesta el trabajo en EUR con fecha de validez y línea de aceptación. Cuando el cliente diga que sí, las mismas líneas se convierten en la factura.
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Cuándo una cotización o factura proforma tiene valor legal
En España un presupuesto no necesita un formato especial, pero tiene fuerza legal en dos casos concretos. El primero es la reparación de aparatos de uso doméstico (electrodomésticos, equipos electrónicos, cualquier bien de consumo duradero que funcione con energía): según el Real Decreto 58/1988, art. 3.1, todo usuario tiene derecho a un presupuesto previo por escrito, con validez mínima de treinta días desde que se comunica, y solo puede renunciar a él expresamente.
Ese presupuesto debe incluir, entre otros datos, el nombre, domicilio y NIF del servicio de asistencia técnica, la marca, modelo y número de serie del aparato, el diagnóstico de la avería, los pagos por cada servicio y pieza, la fecha de entrega prevista, la fecha y firma del responsable, un espacio para la aceptación del cliente y su plazo de validez (art. 3.2). Los precios de los repuestos no pueden superar los de venta al público (art. 3.3.1) y debe entregarse en un máximo de cinco días hábiles (art. 3.7). Si el cliente lo rechaza, solo se le puede cobrar la elaboración del presupuesto con un tope de 15, 30 o 60 minutos de mano de obra según el tipo de aparato (art. 3.5). Si aparece una avería oculta, hace falta un presupuesto adicional (art. 3.10).
El segundo caso es el consumidor en general. Cuando el precio de un servicio depende de un presupuesto, la ley exige informar antes de contratar de cómo se calcula ese precio y de los gastos adicionales de transporte, entrega o correo que puedan añadirse (art. 60.2.c del texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios).
Con las administraciones públicas, el presupuesto es la base de los contratos menores: los de valor estimado inferior a 40.000 € en obras y 15.000 € en suministros y servicios (art. 118.1 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público) pueden adjudicarse directamente a cualquier empresario con capacidad y habilitación (art. 131.3). El expediente exige un informe que justifique la necesidad, la aprobación del gasto y la factura, y en las obras se añade el presupuesto de la obra (art. 118.2 a 118.4).